El pasado 21 de septiembre en Sinaloa se conmemoró el Día Internacional de la Paz, donde autoridades locales reconocieron la situación de violencia en el estado y se aseguró que, con apoyo del gobierno federal y las Fuerzas Armadas, se buscaría recuperar la tranquilidad. Mientras la sociedad civil en Sinaloa llama a pasar del miedo a la acción, en el discurso federal se atribuye la violencia a una agenda extranjera.
En ese mismo sentido, se busca desviar la atención de los efectos que ha tenido la violencia y una respuesta enfocada en el despliegue de fuerzas castrenses en las tareas de seguridad en el país, incluso ahí donde la situación clama por su presencia. Un ejemplo de ello es la ejecución arbitraria de las niñas Leidy y Alexa, de 7 y 11 años de edad, cometida en mayo de 2025 por elementos del Ejército mexicano en Sinaloa. En los hechos, los militares abrieron fuego indiscriminado contra la camioneta donde viajaban las pequeñas rumbo a su escuela.
La falta de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas también se evidencia en la actuación de la justicia militar en el caso. En contra de los estándares internacionales y la misma Constitución mexicana, inmediatamente después de los hechos, la Fiscalía de Justicia Militar (FGJM) inició una investigación y realizó diversas diligencias como primer respondiente.
Lee el artículo sobre esto en Animal Político.