“Más seguridad”, pedía con desesperación el profesor Federico García Parra ante la embestida del crimen organizado en la comunidad me pháá de Huitzapula. En mayo las balaceras arreciaron y los drones con explosivos caseros aterrorizaron a las familias. Todos cerraron sus puertas y resistieron con el poco maíz y frijol que guardan en sus costales. En el pueblo sólo escuchaban el estruendo de las armas de alto poder.

El maestro Federico, afectado por la desaparición de su hijo Luis Fernando, mantuvo la fuerza para denunciar los hechos de violencia que a diario se registraban en su comunidad. El 2 de mayo comentó: “cargo la frustración por los problemas de inseguridad que prevalecen en la comunidad y porque no sé nada de mi hijo.”

En la madrugada del 12 de mayo dos casas fueron quemadas por las bombas que lanzaron más de una centena de personas armadas. Los militares que se encontraban en el crucero de Lucerito no reaccionaron. Las escuelas cerraron por tiempo indefinido. El transporte público se suspendió. “Desde el 27 de abril de 2024, cuando empezó el asedio de la delincuencia, hemos vivido entre las balas”.

Le el artículo completo de Abel Barrera en La Jornada.