El pasado 11 de agosto, desde la conferencia mañanera, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que la población penitenciaria en la administración actual ha aumentado entre 14 y 15 por ciento; señaló que este aumento es el resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad porque eran personas detenidas por delitos de alto impacto. Inmediatamente, la presidenta de la República aclaró que la sobrepoblación penitenciaria era un tema relevante, que debía revisarse con un enfoque humanitario; y si bien habló sobre generar las liberaciones de personas por delitos menores o sin sentencia, también destacó la posible creación de seis centros de detención en el país.
Al día siguiente, en sus redes sociales, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció la instalación de la Mesa de Libertad y Acceso a la Justicia para ampliar el programa de amnistía y preliberaciones o cambios de medida cautelar en todos los estados del país. Esto no es nuevo, desde 2021, en la anterior administración, ya se había creado el Comité Permanente de Seguimiento de Preliberaciones en el que se identificaría a las personas privadas de la libertad en condición vulnerable con delitos no graves que podrían acceder a mecanismos de preliberación, amnistía o libertad anticipada, el cual supuestamente continúa hasta la fecha y que incluso sesionó el mes pasado.
Medir como un éxito de seguridad el número de detenciones es una de las más añejas estrategias de un populismo punitivo en el país y en otros lugares, so pretexto de que estas acciones llevan a reducir los índices de violencia y de la comisión de delitos —como delincuencia organizada, homicidio, secuestro y extorsión—, aunque la relación de “mayor detenciones” con “menos criminalidad” no tenga una eficacia comprobada.
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