Para cientos de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos durante la llamada “Guerra Sucia”, los archivos y la información en poder de las autoridades –civiles y castrenses– son un territorio más en disputa para una larga búsqueda de la verdad.
Como una batalla ganada en esta búsqueda, el pasado 6 de agosto, el Poder Judicial de la Federación reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido omisa en cumplir con el Acuerdo Presidencial de 2019, que ordenó entregar al Archivo General de la Nación (AGN) los archivos históricos relacionados con graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas cometidas contra movimientos políticos y sociales del pasado en el periodo de 1965-1990, así como garantizar que la información transferida fuera de acceso público, y abrió camino para que una nueva comisión imparcial pueda garantizar la transferencia de estos archivos.