César Contreras, abogado del área de defensa integral del Centro Prodh, hace un balance a un año de que entraran en vigor las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición (LGMD), publicadas el 16 de julio de 2025 tras el hallazgo del Rancho Izaguirre y el anuncio del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU de activar por primera vez en su historia una investigación con fundamento en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Para él, la propuesta de reformar la ley fue una forma de postergar medidas de calado profundo, y las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación funcionaron como mecanismo de desmovilización.
El reglamento de la LGMD sigue sin expedirse pese a que el transitorio octavo daba 90 días para su publicación. El Banco Nacional de Datos Forenses solo ha sido cargado de manera completa por cuatro entidades federativas. El Protocolo Homologado de Investigación no se ha publicado. El Programa Nacional de Exhumaciones, pendiente desde 2018, tampoco. Ya se cumplió el plazo del transitorio noveno para que los servicios forenses cuenten con la sistematización de sus bases de datos, y todo indica que ninguna autoridad está dando seguimiento a la implementación.
Las más de 10 mil personas desaparecidas acumuladas en el último año desmienten cualquier narrativa de avance. Las protestas en el Mundial fueron una reapropiación del espacio público que recordó que la resignación no es la única alternativa. Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre desde hace 48 años, resume que estas acciones exigen que el resultado sea “encontrarles, verdad, justicia, reparación, memoria, no repetición, todo.”
Lee la columna de César en A dónde van los desaparecidos.