Sergio Aguayo responde a la recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, que acusa a las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a los familiares de los normalistas de recibir financiamiento extranjero con “intereses injerencistas“. Entre las señaladas está el Centro Prodh, que se reunió en 36 ocasiones con el expresidente López Obrador y en siete con la presidenta Sheinbaum para acompañar el caso.
Desde hace medio siglo la defensa de derechos se ha construido sobre entendimientos con el exterior, financiamiento que en el caso de las organizaciones civiles ha sido legal, transparente y declarado ante las autoridades hacendarias. Los padres y madres de Ayotzinapa aplicaron ese mismo modelo desde el primer día al obtener medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lograr que el expresidente Peña Nieto aceptara la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Fue el propio expresidente López Obrador quien solicitó en 2021 a la vicepresidenta Kamala Harris grabaciones entre Guerreros Unidos y las dependencias de seguridad federales, estatales y municipales, material que derivó en un choque con los militares que descarriló el compromiso de MORENA con el caso. La división interna quedó expuesta cuando Alejandro Encinas, representante de México ante la Organización de los Estados Americanos, calificó la recomendación de la CNDH de “nuevo tropiezo” y enumeró sus deficiencias, sesgos y mentiras.
Lee el artículo de Sergio Aguayo en Reforma.