La recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa, emitida el 2 de julio, tiene un solo propósito en sus más de 860 páginas, según Ricardo Raphael: liberar al Ejército de toda responsabilidad. Dentro del documento se afirma no haber hallado indicios que respalden la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y sostiene que esa tesis fue fabricada por una conspiración entre los abogados de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la República, es decir, todas las instancias que durante casi 12 años han acompañado a los padres de los normalistas desaparecidos.
Para sustentar esa postura, la recomendación niega relevancia a hechos documentados como el soldado infiltrado entre los estudiantes que reportó las agresiones al alto mando en tiempo real, el episodio del Hospital Cristina en Iguala donde el Ejército no auxilió a los normalistas heridos y el seguimiento militar de los movimientos de los estudiantes a través del C4.
A esto se suman los interrogatorios con violencia practicados a presuntos victimarios dentro de instalaciones castrenses, evidencia que la CNDH descarta para en cambio descalificar el trabajo de las instancias civiles como una conjura internacional destinada a construir lo que el propio documento denomina la “anti-verdad del caso Ayotzinapa“.
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