Sandra Arana, médica cirujana originaria de Tlaxcala, pasó 2,120 días privada de su libertad sin sentencia tras ser detenida de manera arbitraria el 25 de agosto de 2020 por elementos de la Policía de Investigación de Tlaxcala que la sometieron a tortura y tortura sexual.
Enfrentó tres procesos penales por delitos que no cometió, sustentados en pruebas obtenidas bajo tortura, y fue trasladada al Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas en Zacatecas, lejos de su estado, donde la Fiscalía local llegó a solicitar la pena máxima de 90 años de prisión sin contar con evidencia suficiente. El pasado 19 de junio de este año, el Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial emitió sentencia absolutoria reconociendo nueve violaciones a sus derechos humanos y determinando que las pruebas en su contra generaron un efecto corruptor por haber sido obtenidas bajo tortura. El 25 de junio recuperó su libertad, un día antes del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Sandra fue acompañada desde el 2023 por el Centro Prodh durante estos procesos.
Su caso ilustra patrones documentados. Según el Registro Nacional del Delito de Tortura, los principales responsables identificados en los 17,287 expedientes iniciados a nivel estatal desde 2018 son elementos de la Policía Ministerial. El Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual de la Secretaría de Gobernación señala que el 79.3% de las mujeres entrevistadas sufrió tortura entre la detención y la puesta a disposición, y el 43.82% refirió actos de tortura sexual.
Para el Centro Prodh, mientras no se reconozca que la práctica es generalizada, difícilmente se tomarán medidas para su erradicación.
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