Entre diciembre de 2018 y el 16 de mayo de 2026 desaparecieron en México 78 mil 44 personas, lo que significa que 58.13% de todos los casos inscritos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas corresponden a los dos últimos gobiernos federales de la Cuarta Transformación. Maite Azuela parte de ese dato para señalar que la conversación pública rara vez llega a la pregunta más incómoda sobre qué ha pasado con las instituciones encargadas de garantizar verdad, justicia y rendición de cuentas durante este mismo periodo.
El informe Patrones y buenas prácticas en materia de desaparición en México, elaborado por Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia a partir del trabajo de colectivos de familiares, identifica un cuarto ciclo de desapariciones que hoy alcanza prácticamente todo el territorio nacional y concluye que el fenómeno persiste porque existen condiciones institucionales que permiten su reproducción. Las investigaciones suelen detenerse en los autores materiales pero las cadenas de mando permanecen prácticamente intactas. Maite apunta que la expansión de las Fuerzas Armadas hacia funciones en seguridad pública, puertos, aduanas y proyectos estratégicos agrava ese problema cuando no va acompañada de controles democráticos capaces de supervisar el ejercicio de ese poder.
Sin esos controles, la militarización no puede ser vista únicamente como decisiones en torno a la seguridad, porque obstaculiza el Estado de derecho y el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
Lee el artículo de Maite Azuela en El Universal.