A veinte años del despliegue militar que inauguró la “Guerra contra el narcotráfico“, el Centro Prodh publica la vigésima cuarta edición de DeFonDHo, para situarse en la realidad que esas políticas fueron construyendo en las últimas dos décadas. Una realidad que incluye redes macrocriminales que operan con tolerancia del Estado, una Guardia Nacional transferida a la Secretaría de Defensa Nacional sin controles civiles, el crecimiento de la población carcelaria en un 30% impulsada por la expansión de la prisión preventiva oficiosa, y la crisis de desapariciones que es una responsabilidad del presente.
Ese mismo periodo es también el de las mujeres de San Salvador Atenco, que llevan veinte años exigiendo justicia por las detenciones arbitrarias, tortura y tortura sexual que sufrieron durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, sin que haya sentencia contra los perpetradores. Es el de Florencia Jovita Herrera, que en su detención sufrió actos de tortura por parte de policía municipal y estatal, pasó diez años en prisión preventiva por un crimen que no cometió y recuperó su libertad a los 60 años. Es el de las familias de Pasta de Conchos, que lograron el rescate de al menos 27 mineros después de que tres administraciones negaran su viabilidad. Son los rostros de veinte personas acompañadas por el Centro Prodh cuyas historias muestran el costo humano de dos décadas de impunidad y las victorias que se han alcanzado desde la persistencia por la dignidad, verdad y protección de la Casa Común.
En ese contexto, el Mundial de Fútbol no llega a un país que resolvió sus pendientes. José Rogelio Mascorro, de la Ibero Puebla, analiza las protestas de colectivos de familias buscadoras frente al Estadio Azteca y en la Glorieta de las y los Desaparecidos como una forma legítima de disputar el espacio público y visibilizar, ante la mirada internacional, una crisis que el Estado lleva dos décadas administrando sin atender.