El 19 de junio, el Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial de Zacatecas emitió sentencia absolutoria en favor de Sandra Arana Aguilar, médica cirujana de 39 años que ha estado seis años privada de su libertad por un delito que no cometió. El Tribunal acreditó nueve violaciones a sus derechos humanos y determinó que las principales pruebas en su contra fueron obtenidas mediante tortura y tortura sexual durante su detención arbitraria en Tlaxcala, por lo que ordenó su exclusión del juicio y de cualquier otro proceso en su contra.
Sandra fue detenida el 25 de agosto de 2020 por elementos de la Policía de Investigación de Tlaxcala sin identificarse y sin orden de aprehensión. Durante su retención fue amenazada, golpeada y sometida a tortura sexual. En 2022, peritos del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas confirmaron mediante el Protocolo de Estambul que Sandra sufrió tortura. El propio órgano jurisdiccional calificó este como el caso más grave que ha conocido dentro del sistema penal acusatorio, en el que la Fiscalía llegó a solicitar 90 años de prisión pese a la insuficiencia de pruebas.
La sentencia es un avance, pero el caso no está concluido. Existe una causa diversa pendiente que se resolverá el 25 de junio. La resolución es relevante porque las pruebas excluidas también fueron utilizadas en ese otro proceso, por lo que el reconocimiento judicial de su ilicitud tendrá implicaciones directas. Su familia, defensores y organizaciones civiles celebran la decisión del Poder Judicial de Zacatecas, que envía un mensaje de justicia a otras sobrevivientes de tortura sexual que siguen luchando por su libertad.
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