El 4 de junio, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo la segunda sesión del ciclo Búsqueda de personas desaparecidas: violencia, política y burocracias del Seminario Universitario sobre Desaparición, Búsqueda e Identificación de Personas.
Con 134,675 personas desaparecidas según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, las investigadoras Sandra Liliana Serrano García y Karina Ansolabehere presentaron resultados de más de siete años de investigación sobre por qué el sistema institucional de búsqueda no produce resultados pese a su expansión.
El Sistema Nacional de Búsqueda es un campo disputado entre la Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías, donde la disputa produce un bloqueo que impide la coordinación, pues de los diez instrumentos que establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, solo dos operan. A nivel internacional, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada prioriza sistemáticamente las recomendaciones operativas de búsqueda, que son también las de menor cumplimiento.
México agotó ese margen, y este año el Comité activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, determinando indicios de desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad y remitiendo el caso a la Asamblea General de la ONU.
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