Organizaciones civiles y periodistas presentaron dos informes que documentan las violencias que afectan a comunidades y personas defensoras de derechos humanos: “Chiapas: la paz pendiente“, elaborado por el Grupo de Trabajo de la Región Sierra Frontera, y “Defender derechos entre la paz superficial y la violencia real“, producido por el Observatorio de Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas.
Ambos describen una realidad en la que la reducción de indicadores delictivos no equivale a una mejora en materia de derechos humanos. En la región Sierra Frontera persisten desapariciones, desplazamientos forzados que afectan a más de 24 mil personas, hallazgos de fosas clandestinas, extorsiones, reclutamiento forzado y control territorial por grupos criminales en complicidad con agentes del Estado. En paralelo, el Observatorio documentó 124 agresiones a personas defensoras y periodistas en 2025, un incremento del 25% respecto al año anterior, de las cuales más del 80% fueron ataques dirigidos, y 7 de cada 10 víctimas fueron mujeres.
Los informes coinciden en que estas violaciones forman parte de una misma dinámica estructural que articula estrategias de militarización y vigilancia, con el avance de megaproyectos y la reconfiguración del crimen organizado.
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