La semana pasada circularon videos de policías torturando a dos personas en Tuxtla Gutiérrez; a la par se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030, sin que éste aborde todas las acciones necesarias para combatir esta grave violación a derechos humanos.
La tortura persiste y golpea sobre todo a los más vulnerables. Lo muestra el caso de Diego Fernando Bonilla, indígena hñuhü de la sierra norte de Veracruz, el segundo estado con más investigaciones por tortura en el país, que habla una lengua en la que la palabra “tortura” ni siquiera existe. En 2023, tras presenciar el asesinato de un amigo, fue llevado a declarar y la policía ministerial lo golpeó y asfixió para obligarlo a inculpar a un inocente. La intérprete de la Fiscalía ignoró su denuncia de tortura y usó sus huellas en hojas en blanco para fabricar la acusación.
Con el respaldo de su comunidad y organizaciones de derechos humanos, Diego logró que el hombre acusado injustamente quedara libre. Aunque la Fiscalía Especializada cerró su carpeta en mayo de 2025, la recomendación 17/2026 de la Comisión estatal de Derechos Humanos, presentada este mes de mayo en su propia comunidad, El Pericón, reabre la exigencia de investigar y reivindica su palabra. “Sigo buscando justicia para que esto no se olvide y que no le pase a otras personas“, dijo.
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