Desde el pasado 6 de mayo, autoridades indígenas locales denunciaron la intensificación de ataques armados contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, del municipio de Chilapa, Guerrero. Se trató de ataques realizados durante más de ocho horas con armas de alto calibre y bombardeos con drones que provocaron el desplazamiento forzado de más de 800 familias indígenas, de acuerdo con lo denunciado posteriormente por el Congreso Nacional Indígena.
Estas acciones no son aisladas: se enmarcan en el asedio sistemático que por años han afectado a las comunidades que integran el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), quienes han sido víctimas de asesinatos, desapariciones, hostigamiento y amenazas dentro de uno de los territorios más violentos del país, donde las instituciones de gobierno han sido omisas en el cumplimiento de sus responsabilidades de construir una seguridad ciudadana, combatir la delincuencia y garantizar el acceso a la justicia.
Le el artículo completo de Mario Patrón en La Jornada.