“Hemos insistido en innumerables y reiteradas ocasiones en que uno de los objetivos que nos ha impulsado, y que no ha permitido que el desgaste del tiempo y la impunidad nos rebase, ha sido la idea de que denunciar podría ser la forma de detener la práctica de tortura sexual y que, de alguna forma, nuestra denuncia podría traducirse en la garantía de que ninguna mujer pudiera vivir lo que vivimos y lo que sostenemos hasta hoy”.
Esas son palabras de Norma Jiménez, una de las sobrevivientes de los hechos de represión ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006, que derivaron en detenciones arbitrarias, tortura y tortura sexual en San Salvador Atenco y Texcoco.
Las expresó durante la última audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida en noviembre de 2018, después de que 11 sobrevivientes de tortura sexual, al no encontrar justicia a nivel nacional, acudieran al Sistema Interamericano acompañadas por el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Desafortunadamente, a 20 años de los terribles acontecimientos y tras casi ocho años del fallo de la Corte IDH, prevalece la impunidad en el caso: no ha habido una sola sentencia contra los perpetradores; continúa sin investigarse la cadena de mando durante los operativos, en los que participaron más de 2 mil elementos —entre municipales, estatales y federales—; persiste la indolencia y la falta de atención médica y psicológica hacia las mujeres, así como la ausencia de acompañamiento de las autoridades para la restitución de sus proyectos de vida. Además, no se han implementado las medidas de no repetición.
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