El pasado 17 de abril, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) anunció en un acto público el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, que por ley debe emitir al inicio de su gestión y cada tres años.
Esto ocurrió el mismo día en que país entero se conmocionó por el caso de la desaparición y posterior feminicidio de Edith Guadalupe en la Ciudad de México, resultado de las exigencias y la movilización inmediata de la familia. Un terrible hecho que revela la realidad de un sistema de justicia que no fue modificado por la reforma judicial, pues no atendió el verdadero obstáculo para acceder a la justicia: las fiscalías –las locales y la federal–, como verdadera raíz de la impunidad.
El planteamiento de la Fiscalía es relevante en un contexto en el que la impunidad sigue siendo la regla en México y frente a la cual la gestión de su anterior titular –el primero desde que la institución adquirió un carácter autónomo– se caracterizó por su pasividad, omisión, opacidad y la gran deuda con las víctimas.
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