El pasado 12 de febrero, ocho familias tzeltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), fueron violentamente desalojadas del ejido Jotolá, municipio de Chilón, en un operativo en el que participaron ejidatarios armados con palos y herramientas, junto con fuerzas de seguridad.
Los agresores, en compañía de miembros de la Guardia Nacional (GN), policía municipal, así como personal del Tribunal Unitario Agrario y del Instituto Nacional de los Pueblos indígenas (INPI), retiraron por la fuerza a un total de 30 personas, entre ellas, 17 infancias, una mujer embarazada y personas adultas mayores.
No conformes con el desplazamiento forzado, las autoridades detuvieron a dos personas, quienes después fueron acusadas por el delito de despojo agravado. Acorde a documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) que acompaña el caso, los defensores denuncian que, al desalojo violento y desplazamiento forzado, también se añade un proceso de criminalización en contra de las familias desplazadas.
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