El 2 de abril, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) resolvió solicitar al Secretario General de la ONU que “remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.
Es la primera vez en la historia del CED que, en virtud del art. 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, vigente desde 2010, se toma esta resolución, pues “concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”. Cabe remarcar que el CED ONU es parte del sistema de Naciones Unidas y no una especie de unidad externa de asesores, como han afirmado varios comentaristas, funcionarios y la misma presidenta Claudia Sheinbaum. Además, lleva trabajando con y sobre México unos 14 años, entre visitas, informes, colaboraciones e interlocuciones con actores sociales y gubernamentales.
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