La vinculación a proceso de 13 elementos del Ejército mexicano por el homicidio de las niñas Leidy (11 años) y Alexa (7 años) no es el final del camino; es apenas el inicio de una prueba de fuego para el Estado de derecho en México. El caso, ocurrido en Sinaloa hace 11 meses, es la radiografía del terror que la militarización impone en los caminos del país. La resolución judicial es contundente: los militares, con todo su adiestramiento, sabían la alta previsibilidad letal de disparar sin control y sin justificación. Sin embargo, celebrar esta primera victoria jurídica sería prematuro frente al poder fáctico que la Sedena ejerce.
El principal obstáculo radicará en que “Sedena se niegue a cooperar con la investigación y a entregar toda la información requerida para una siguiente etapa procesal”. El fuero militar sigue actuando como un hoyo negro de protección. Cuando el Ejército se investiga a sí mismo, el resultado casi siempre es el encubrimiento institucional.
Frente a este escenario, la FGR y el Poder Judicial enfrentan el reto mayúsculo de no doblegarse. No podemos permitir que Leidy y Alexa se conviertan en otra estadística fría del daño colateral. Sus padres no están buscando venganza, están buscando justicia.
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