La Alianza contra el Fracking emitió un pronunciamiento de alerta tras el anuncio de la presidencia de la República de abrir la puerta al gas no convencional y conformar un comité “técnico-científico” para evaluar el uso de fracking.
El gobierno ha intentado presentar esta ruta como una discusión técnica sobre soberanía energética, producción de gas y nuevas tecnologías. El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Presentarlo como una discusión de especialistas, aislada de sus consecuencias sociales y ambientales, es una forma de despolitizar una decisión que jamás ha sido neutral.
Convertir la dependencia actual en una apuesta por más extracción fósil, más infraestructura gasífera y más sacrificio territorial no es soberanía energética. Es profundizar el mismo modelo fósil que ha contaminado territorios, comprometido fuentes de agua, impuesto riesgos a comunidades enteras y retrasado una transición energética real y justa.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking reitera su postura: el fracking debe prohibirse, no regularse o gestionarse. No hay “fracking sustentable”, ni “fracking responsable”, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios. Si el gobierno insiste en anunciar un comité el próximo miércoles, este solo podría tener credibilidad pública si cumple condiciones elementales que distingan una deliberación real de una simulación.
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