El 2 de abril, el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU sacó a la luz las diferencias entre el relato gubernamental y el de las víctimas y sus aliados. Las autoridades de Morena cerraron filas en torno a la tesis: las desapariciones “han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”. Las víctimas respaldan críticamente las conclusiones del informe; tienen argumentos sustentados en la historia, en estadísticas oficiales y sociales y en las vivencias de las personas buscadoras.
En México, la práctica de la desaparición forzada se remonta a los años sesenta, cuando represores adoptaron métodos ensayados en países como Guatemala, Argentina, Chile y Brasil: hacer desaparecer a las personas y extender el castigo a sus familias, impidiéndoles el duelo. En 2018, Andrés Manuel López Obrador creó dos comisiones de la verdad (Ayotzinapa y la Guerra Sucia) y fortaleció a la Comisión Nacional de Búsqueda para atender de manera integral el problema. A la mitad del sexenio se arrepintió y empezó a descalificar a las víctimas acusándolas de haberse dejado manipular por las perversas ONG y/o sus secuaces extranjeros.
Las víctimas y sus ONG aliadas tienen con qué derrotar la versión oficial, pero ¿serán capaces de superar sus diferencias y unirse en torno a una agenda mínima?
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