El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) anunció su histórica decisión de llevar la urgente situación de México a la Asamblea General de la ONU y que considere tomar medidas para asistir al país ante la crisis de desapariciones que enfrenta. Una crisis que, como han señalado organismos internacionales, organizaciones civiles, colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas en múltiples ocasiones, tiene rostro y lastima gravemente a nuestro país.
Esto sucedió pocos días después de que, durante una conferencia mañanera, la presidenta de la República –acompañada de la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública– presentó información sobre las acciones que han realizado como parte de la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas en la actual administración. Lamentablemente, gran parte de esta exposición se centró en escudriñar las fallas en el actual Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), además de hacer diversas afirmaciones falaces sobre el tema de desaparición, como que en México ya no se cometen desapariciones forzadas, reduciendo la responsabilidad estatal sobre la problemática.
Lee el artículo completo en Animal Político.