La apertura al amparo como herramienta de defensa colectiva tiene su origen en la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, que incorporó el interés legítimo a la Constitución para ampliar el acceso a la justicia. Esta figura representó un avance histórico, pues a diferencia del “interés jurídico”, que se basa en la vulneración directa de un derecho subjetivo del que se es titular, el interés legítimo permite a personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil impugnar actos que afectan su esfera jurídica por su “especial situación” frente al ordenamiento.
Con la nueva Ley de Amparo de 2013, se consolidó que la justicia constitucional podía ser buscada tanto de manera individual como colectiva. Gracias al interés legítimo, se logró un avance histórico en la protección de derechos, pues organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas y colectivos de víctimas pudieron usar este mecanismo para defender derechos difusos —desde el medio ambiente y la seguridad pública hasta la salud o el uso del espacio urbano— que interesan a toda una comunidad. Estos casos implican actos de autoridad con consecuencias colectivas, y por eso es fundamental contar con herramientas que permitan proteger derechos de manera igualmente colectiva.
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