El pasado 1 de febrero inició el nuevo periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura del Congreso. Entre las prioridades destacan las discusiones sobre la reforma electoral y sobre aspectos laborales –como la jornada de 40 horas –, entre otras. Sin embargo, un tema preocupante en materia de derechos humanos es la revisión del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que entre otras cuestiones, incluye la regulación de la figura de los “jueces sin rostro”, incorporada en la reforma al Poder Judicial bajo el argumento de proteger a personas juzgadoras y fiscales en contextos de alta vulnerabilidad, específicamente en casos de delincuencia organizada.
La discusión de este tema fue pospuesta en diciembre del año pasado por las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos en el Senado de la República, según sus presidentes, para “analizar la iniciativa con mayor profundidad” y “atender lo establecido por organismos internacionales”. Esta semana se ha planteado que habrá un parlamento abierto en torno al tema, en el que se espera se incluya una amplia representación de personas expertas y representantes de la sociedad civil que, como el Centro Prodh, trabajamos con víctimas de procesos penales injustos, en particular de grupos en situación de vulnerabilidad, y que hemos alertado reiteradamente sobre los riesgos de la figura.
El dictamen presentado al final del periodo anterior aseguraba que cumplía con los principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en materia de medidas de seguridad para las personas juzgadoras, e incluía la revisión periódica y oficiosa de la reserva de identidad. No obstante, los estándares internacionales en la materia no admiten excepciones.
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