Cuando el sol baja y el calor ya no abraza en la Península de Yucatán, la asamblea se reúne en la casa ejidal. La mayoría de quienes toman la palabra son los hombres mayores. Hablan de herencias, de acuerdos antiguos, de cómo “siempre se ha hecho”. Nadie que no sea ejidatario puede votar, aunque las decisiones que ahí se toman estén influidas por muchas más personas.
Los jóvenes saben que pronto llegarán ofertas de empleo o de ingresos rápidos a cambio de convencer a sus familias de firmar contratos que prometen desarrollo, pero rara vez explican las consecuencias a largo plazo. Estas decisiones se inscriben en un contexto de abandono estructural del campo: la falta de oportunidades para permanecer en el territorio y la precariedad de los apoyos a la vida rural empujan a la migración y hacen que esas promesas se perciban como una de las pocas alternativas disponibles. En ese escenario, las mujeres —quienes cuidan la parcela y sostienen actividades como el cultivo, el cuidado del agua y la alimentación familiar, muchas veces sin voto ni reconocimiento formal— ven cómo su voz queda relegada a un segundo plano.
Historias así se repiten en ejidos de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, donde la presión para vender o rentar tierras ha crecido con la llegada de megaproyectos turísticos, energéticos y de “conservación”. En la laguna de Chichankanab hemos podido documentar cómo la desinformación ha generado miedo y decisiones apresuradas, mientras actores externos promueven la idea de que la renta o la venta es la única vía para el desarrollo económico.
Lee el artículo sobre mujeres, ejidos y territorio en la Península de Yucatán, de Alejandra Ancheita en Animal Político.