El caso de Fernando Alan en Sinaloa se convirtió en un símbolo de la indignación social por las muertes de civiles durante operativos de seguridad.
El asesinato del estudiante de Derecho, ocurrido el 13 de enero en Culiacán tras disparos del Ejército, detonó nuevamente marchas, exigencias de justicia y pronunciamientos de autoridades estatales, federales y organismos de derechos humanos.
Familiares, colectivos y ciudadanos mantienen la presión pública para que el caso no quede impune y para que se esclarezca la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
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