En la primera mitad de 2025, la publicidad oficial en México repitió las fallas estructurales que muchas organizaciones hemos denunciado por años: discrecionalidad en la asignación, fallas en la planeación y concentración excesiva.
Entre enero y junio de este año que termina, el gobierno federal asignó el 22 % de su gasto en este tema a un solo proveedor (SAFER GRUPO PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.); 3 dependencias federales (Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) acapararon el 84 % de la inversión; 5 estados (Tamaulipas, Guerrero, Tabasco, Chiapas y Veracruz) ya gastaron más del doble de lo presupuestado, y 6 estados (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Chihuahua, Aguascalientes y Chiapas) concentraron más de la mitad del gasto en publicidad de todo el país.
La críticas sobre este tema son claras y contundentes: las deficiencias en cómo se asigna y distribuye este gasto no son coyunturales, son estructurales, debido a que estos patrones se han identificado año con año. Habiendo hecho las críticas anteriores, es necesario recordar que el derecho a la información implica que el gobierno garantice que las personas tengamos acceso a información oficial, con contenido pertinente, útil y necesario.
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