Organizaciones, colectivos y víctimas se manifestamos con profunda preocupación y realizamos una enérgica condena ante la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que implica un grave retroceso para los derechos de las víctimas.
Ratificaron lo dicho por el Centro Prodh y Fundar en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido “darle la espalda a las víctimas al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la Ley de Víctimas” al resolver que este cambio a la Ley General de Víctimas por el que se elimina el porcentaje obligatorio de presupuesto asignado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral es constitucional. Más grave resulta que la decisión sea adoptada vulnerando el principio de “cosa juzgada” y la garantía de seguridad jurídica, reabriendo el debate sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la ley de víctimas, situación que ya había sido decidida por la integración anterior de la Corte.
La necesaria declaratoria general de inconstitucional del artículo 132 fracción I de la Ley General de Víctimas era consistente con la línea de protección seguida por la Corte en relación con el principio de progresividad y aseguraba la eficacia del juicio de amparo como garantía constitucional de los derechos humanos. La decisión de esta Corte, recién instalada, representa un enorme retroceso en materia de derechos humanos, pues abre la puerta a que las víctimas vean diluidos sus derechos en virtud de reformas legales que podrían debilitar los mecanismos de protección, atención y reparación.
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