En México, defender derechos humanos sigue costando la integridad para decenas de personas. El pasado 16 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su tercer Informe sobre la Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas, el cual incluye información actualizada de los países de la región –tras 13 años de haber publicado el anterior–, incluyendo las preocupaciones sobre México frente a los contextos de violencia generalizada en muchas comunidades del país, que propician las agresiones contra personas defensoras.
Este es un tema que, por su relevancia y gravedad, ha tomado relevancia frente a la comunidad internacional. En su informe, la CIDH retoma información de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se pudo constatar que entre enero de 2019 y septiembre de 2023 al menos 91 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas con posible relación a su actividad de defensa, así como datos de la organización Front Line Defenders. En contraposición del discurso oficial que responsabiliza al crimen organizado de la violencia en el país, la Comisión observó que en un 43.1 % de los casos la responsabilidad de estas agresiones recaería presuntamente en funcionarios públicos.
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