El pasado 1 de septiembre rindieron protesta cerca de 900 personas juzgadoras a nivel federal, lo que marcó el arranque de una nueva era de la judicatura federal después de la controvertida reforma judicial. Ese mismo día asumieron el cargo las nueve ministras y ministros de la Suprema Corte, las y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral. La ceremonia coincidió con el Primer Informe de Gobierno presidencial –al que acudieron las y los ministros electos–, lo que alargó la jornada hasta la madrugada.
Más allá del acto formal en el recinto legislativo y posteriormente en la sede de la Suprema de Justicia de la Nación (SCJN), las y los ministros llevaron a cabo diversos eventos durante el día, marcados por la identidad del ahora Ministro Presidente de la SCJN, destacando el hito de una persona indígena presida el Poder Judicial. Sin embargo, fue imposible no asociar la ceremonia de entrega del bastón de mando con las recientes tomas de protesta presidenciales, reforzando la percepción de cercanía entre el Ejecutivo y el Judicial. Así, la renovación del Poder Judicial federal no sólo estuvo acompañada de ceremonias prolongadas y discursos políticos, sino también de señales preocupantes sobre la creciente injerencia del Ejecutivo en la justicia.
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