El 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el análisis de los resultados de la medición de la pobreza multidimensional, una labor que antes realizaba el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hoy desaparecido. En un país partido por la polarización, en este tema se debe de reconocer sin tapujos que los datos representan pasos relevantes para el ejercicio de derechos fundamentales de millones de mexicanas y mexicanos.
Los datos del INEGI no pueden dejar de ser resaltados: 13.4 millones de mexicanos y mexicanas en los últimos 6 años salieron de la pobreza, lo cual se explica principalmente, según personas expertas, por el aumento en los ingresos de los hogares del país, a decir: en mayor medida, por el aumento en el ingreso laboral, debido al incremento real del 135 % del salario mínimo desde 2018, además de las transferencias gubernamentales por programas sociales, las remesas y los empleos generados.
Hoy podemos decir con claridad: es un avance sumamente relevante que haya resultados tangibles en la reducción de a pobreza; esto es resultado, también, de las demandas históricas de hacer a un lado las políticas que no ponían en el centro a las personas más vulnerables, y a quienes han señalado, por años, las brechas de desigualdad en el país. A la vez, para que el discurso “por el bien de todos, primero los pobres” sea una realidad es necesario poner al centro los derechos humanos en su integralidad, particularmente en aquellas poblaciones frente a la que el país tiene una deuda histórica.