Los días 7 y 8 de abril, México fue examinado por cuarta ocasión por el Comité de la ONU sobre Trabajadores Migratorios encargado de supervisar el cumplimiento de los Estados parte con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
En esta cuarta evaluación, desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) señala con preocupación la ausencia del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y otras instancias clave responsables de la gestión migratoria durante la sustentación del informe. Esta omisión evidencia la falta de interés y compromiso del Estado mexicano con el cumplimiento de la Convención, único instrumento global de carácter obligatorio en esta materia.
Asimismo, manifestamos nuestra preocupación ante la negativa de la delegación mexicana a reconocer la militarización del control y la verificación migratoria, su rechazo a la decisión del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas de activar el procedimiento del artículo 34, y la desestimación de la participación de autoridades municipales en detenciones arbitrarias previas al incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, así como a reconocer las irregularidades en el proceso penal contra el Comisionado actual del INM y la reparación integral para las víctimas y sus familiares.
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