Los altos índices de violencia que tanto lastiman a la población en distintas regiones de América Latina han llevado a que la población mayoritaria apoye a figuras o proyectos de gobierno con políticas de “mano dura”, que promueven posturas contrarias a derechos y aparentan así atender las graves problemáticas de seguridad. Éstas, como hemos señalado anteriormente, en realidad son salidas en falso, pues lejos de contener y atacar la criminalidad laceran la vida de la ciudadanía a partir de la represión, la criminalización de distintas comunidades y de las personas más vulnerables.
Un ejemplo de ello es el modelo impuesto en El Salvador por el actual presidente Nayib Bukele, quien, al promover un discurso de combate a la delincuencia e imponer un estado de excepción, mantiene una peligrosa popularidad sin apertura a la disidencia y la crítica, lo que ha acarreado consecuencias sumamente delicadas para la promoción y defensa de los derechos humanos en ese país.
Un caso emblemático es el de la organización civil Cristosal, que desde hace más de 25 años ha hecho un trabajo invaluable en la defensa de los derechos humanos, inspirada por un compromiso de la iglesia anglicana con la justicia, tras la posguerra civil en El Salvador.
Sobre este tema escribimos en Animal Político.