Ser mujer indígena y acceder a un cargo de liderazgo implica doble discriminación para enfrentar al sistema patriarcal que responde con violencia y mecanismos de expulsión, como en el caso de Inés Martínez, primera presidenta municipal de Zapotitlán, Oaxaca, quien durante su gestión enfrentó violencia política ejercida por funcionarios locales y ante esta situación, el congreso local optó por desaparecer los poderes del municipio, antes que sancionar a los agresores.
En 2023, Martínez, junto con la regidora de Salud, Elodia López, denunciaron al síndico José N y al regidor Damián N, por discriminarlas, cuestionar su capacidad y excluirlas de las decisiones del gobierno municipal, únicamente por ser mujeres. Las acusaciones se centraban en calificarlas de “incompetentes” y desestimar sus opiniones, especialmente en temas considerados “de hombres”, como las obras públicas.
Este caso refleja un entramado estructural en el que la participación política de las mujeres indígenas y afrodescendientes enfrentan múltiples formas de violencia interseccional.
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