En México, el espionaje ilegal con el malware Pegasus no es una sospecha, sino un hecho ampliamente documentado al menos desde hace cerca de 10 años. Sin embargo, en lugar de investigarlo, sancionarlo y crear controles robustos a instituciones de inteligencia para erradicarlo, la reacción institucional ha sido la de su negación y minimización.
Lejos de realizar acciones concretas gubernamentales en contra de la vigilancia en el país, el Estado ha optado por profundizar un modelo sin contrapesos. Durante el más reciente periodo extraordinario del Congreso se aprobaron reformas que fortalecen la capacidad del gobierno federal para acceder a información y datos personales, incluyendo datos biométricos y registros de propiedad, sin las salvaguardas necesarias. La nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia amplían estas facultades y adscriben el Centro Nacional de Inteligencia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, facilitando la concentración de funciones de inteligencia en una sola institución, sin contar con todos los controles necesarios. A esto se le suma la reforma que otorga un marco normativo para que el Ejército lleve a cabo tareas de inteligencia.
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