Las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda fueron aprobadas en el Senado; las cuales son insuficientes, de acuerdo a las peticiones de familiares y colectivos de búsqueda, y no representan un avance sustantivo para atender la crisis de desapariciones que afronta el país.
Tras los hallazgos de Teuchitlán, la presidenta de México expresó que el tema sería prioritario; enseguida se promulgó un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda y se presentó una iniciativa de reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones.
Sin embargo, la iniciativa inicial de esta administración se elaboró sin el menor diálogo con las familias buscadoras; tampoco tomó en cuenta las recomendaciones planteadas por el Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas (Comité CED).
El diseño de la Plataforma Única de Identidad es preocupante en cuanto a los riesgos de privacidad y a otros derechos asociados a la CURP biométrica que alimentarán la base de datos.
Asimismo, se eliminará el reporte administrativo de desaparición, pues se centrarán esfuerzos en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, dejando de lado casos donde los familiares no puedan denunciar y esto implicará una disminución de las cifras.
En esta reforma no se incluyen medidas para fortalecer al Centro Nacional de Identificación Humana que, pese a ser una vía para enfrentar el rezago forense, permanece abandonado.
Finalmente, la aprobación vía fast track dentro de un atribulado periodo extraordinario impidió la participación de las familias en este foro legislativo, como se hizo en la discusión de la Ley en 2017.
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