El pasado 30 de junio se cumplieron 11 años de la masacre de Tlatlaya, en la que 22 civiles fueron privados de su libertad por elementos militares.
Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) afirmó que fue resultado de un enfrentamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que al menos 12 personas fueron ejecutadas arbitrariamente.
En el marco de la discusión de la adscripción de la Guardia Nacional a SEDENA, la masacre de Tlatlaya es un recordatorio de los riesgos de la profundización del poder militar en temas de seguridad pública; la cual no ha reducido la violencia, sino que ha perpetuado la impunidad militar.
Actualmente, los eventos de uso arbitrario de fuerza letal por parte de elementos militares continúan sucediendo; como los registrados en Sinaloa, donde dos niñas fueron privadas de la vida.
A día de hoy, con las reformas que están por aprobarse, se consolida el carácter militar de la Guardia Nacional, desdibujando su carácter civil y reforzando el poder militar.
Revisa el informe del Centro Prodh sobre los riesgos del “Poder Militar“.