La semana pasada, México fue examinado por el Comité de Naciones Unidas encargado de vigilar el cumplimiento de Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación de la Mujer (Comité CEDAW, por sus siglas en inglés).
Durante la examinación, se realizó un balance sobre cómo se encuentra México en la garantía de los derechos de las mujeres y el avance hacia la igualdad sustantiva.
Las expertas pertenecientes al Comité reconocieron el logro civilizatorio que representa la elección de la primera presidenta en México; así como las reformas enfocadas en el avance de la igualdad sustantiva, la disminución de la brecha salarial y la incorporación de perspectiva de género en las políticas del Estado.
Sin embargo, externaron su preocupación sobre cuestiones vinculadas a la seguridad y justicia por la crisis de violencia que afronta el país, evidenciada a partir de “informes sombra” de organizaciones civiles feministas.
El Comité se alertó por la crisis de desapariciones y por el impacto diferenciado en mujeres; por la tortura sexual y la inexistencia de una política amplia de reparación a mujeres sobrevivientes; por la militarización y la falta de protección a mujeres detenidas y abusadas por elementos militares; por la prisión preventiva oficiosa y su impacto desproporcionado en mujeres.
Mientras se comentaba sobre cómo la crisis de desapariciones afecta de forma diferenciada a las mujeres, la representación mexicana cuestionó la actuación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés).
Es la primera vez que este mecanismo se activa respecto a un Estado, lo cual debería incentivar a México a colaborar en una dinámica cooperativa con el Comité; sin embargo, México afirmó que la actuación del Comité estaba basada ilegalmente en la “Declaración sobre Agentes No Estatales”. Lo cual evidenció a un Estado evasivo al escrutinio internacional ante la crisis de desapariciones.
Sobre esto, escribimos en Animal Político.