Esta semana, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW, por sus siglas en inglés) examinó, por décima ocasión, al Estado mexicano sobre sus obligaciones para eliminar las violencias contra las mujeres.
El Comité reconoció avances en igualdad sustantiva, brecha salarial y paridad; sin embargo, expresó su preocupación en temas como protección a mujeres buscadoras, prisión preventiva oficiosa, tortura sexual y militarización.
En cuanto a las desapariciones, el Comité externó su inquietud por el impacto diferenciado en las mujeres; alertó al Estado sobre el riesgo de las madres buscadoras y cuestionó las medidas para su protección.
Sobre la prisión preventiva oficiosa, el Comité destacó el impacto desproporcionado en las mujeres y el incremento de las personas privadas de su libertad bajo esta medida.
Acerca de la tortura sexual, las expertas comentaron que no se cuenta con una política amplia de reparación para mujeres sobrevivientes.
Finalmente, aunque el Estado negó la existencia de la militarización en el país, las expertas expresaron la falta de protección y documentación de violencia sexual contra mujeres detenidas.
Consulta el informe sombra enviado desde el Centro Prodh para la consideración del Comité CEDAW.
