El 11 de junio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata y la libertad absoluta de Juana Hilda González Lomelí luego de haber permanecido privada de su libertad durante 19 años y 5 meses.
Juana Hilda González Lomelí fue detenida en enero de 2006 por presuntamente formar parte del grupo responsable del secuestro de Hugo Alberto Wallace en 2005. Posterior a su detención, fue arraigada hasta abril de ese mismo año cuando se ejerció acción penal en su contra.
En febrero de 2006, bajo contexto de arraigo, coacción y tortura psicológica, obtuvieron su declaración.
La SCJN evaluó que la confesión de Juana Hilda no fue libre ni voluntaria, sino obtenida por medio de presión, intimidación y amenazas. Por lo que, la declaración fue dictaminada como nula.
Sin dicha declaración y otras pruebas afectadas por violación a los derechos a los humanos, la Primera Sala consideró que las pruebas son insuficientes para demostrar la responsabilidad penal de Juana Hilda.
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