El 7 de junio de 1998, elementos militares arremetieron contra indígenas del pueblo Ñuu savi de El Charco, Guerrero. El saldo fue de 11 personas ejecutadas; 5 heridos de gravedad; 22 detenidos y torturados.
Después de 27 años, este crimen continúa en la impunidad; mientras que a los indígenas de El Charco los acusaron de rebelión, conspiración, terrorismo, portación de armas, cargos por los que la mayoría fueron sentenciados.
La represión y acoso militar disolvió la organización autogestiva de los pueblos indígenas que buscaban romper con el sometimiento y explotación caciquil.
Las madres y esposas de los masacrados de El Charco han tenido que enfrentar situaciones muy graves, tanto por la falta de justicia como por el trato racista de las diferentes autoridades.
Las viudas de El Charco acudieron a Chilpancingo a denunciar el crimen atroz que ha sido ignorado por las autoridades. Aunque el gobierno mantiene el pacto de la impunidad que ha sido arrastrado a lo largo de 27 años.
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