El pasado 25 de mayo se cumplió un mes de la muerte de Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) tras haber sido asesinado el 18 de mayo en la playa Icacos, Guerrero.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Herrera Hernández, indicó las dificultades en el proceso de investigación de este caso dirigido por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Herrera Hernández comenta que es necesario impulsar las líneas de investigación que se tienen como hipótesis.
Pues informó que la agresión que sufrió el activista se debe a su trabajo como defensor de la tierra y del río Papagayo; lo cual interfiere con los intereses económicos, delincuenciales y políticos de los gravilleros empresarios, los políticos y del crimen organizado.
El director de Tlachinollan agregó que Suástegui Muñoz también se encontraba inmerso en la lucha por el reordenamiento de las playas.
A su vez, añadió que las denuncias y protestas que realizó Suástegui Muñoz por la desaparición de su hermano Vicente también podría estar relacionada con el caso.
A un mes del fallecimiento de Marco Antonio Suástegui Muñoz, el avance de la investigación ha sido lento y no han habido acciones inmediatas para dar con el paradero de los responsables de la agresión.
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