El 20 de mayo del 2015 México celebró la primera -y única- sesión ordinaria del Pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, un espacio donde se afirmó un compromiso político federal en aras de garantizar una atención digna a las víctimas y robustecer las distintas comisiones. Han pasado 10 años desde este hecho que, si bien en su momento fue parteaguas y representó una esperanza colectiva, ahora, esboza un retraso relevante en el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, entró en vigor la Ley General de Víctimas y junto a ella, el Sistema Nacional de Víctimas (SNV), el hecho fue celebrado y desde la lucha de las organizaciones, se lanzaron distintos proyectos de monitoreo a fin de que se mantuviera cercano el SNV y el avance de la adopción de leyes en todo el país. A la par, se avanzó para construir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un equipo de siete personas que conformarían un Pleno, responsables de consolidar el funcionamiento del Sistema, así como responsable de desplegar «delegaciones» en todo el país para atender las necesidades particulares de cada entidad.
Y aunque en papel todo parecía avanzar de forma sostenida, la realidad, es que alrededor de la consolidación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, existían relaciones complejas, desacuerdos y una serie de irregularidades que dejaron entorpecido a esta herramienta; herramienta que apuntalaba para ser la esperanza para miles de familias.
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