Recientemente, Animal Político reveló denuncias sobre cómo el funcionario que quedó a cargo de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa “pasó charola” entre sus subalternos en el marco de las campañas judiciales en curso.
La notica se suma a los muchos desfiguros que hemos visto a lo largo de este absurdo proceso electoral. Candidatas que hacen campaña prometiendo honestidad pese a los graves señalamientos de plagio que pesan sobre sus hombros. Candidatos de cercanías cuestionables con las Fuerzas Armadas. Candidatas que buscan el respaldo corporativo de sindicatos charros. Candidatos que provienen de fiscalías que nunca funcionaron. Candidatas que se dan a conocer con videos frívolos dirigidos a obtener clicks. Candidatos vinculados a intereses económicos. Candidatas que por mejor prenda ofrecen una honradez personal, pretendidamente inigualable en cada caso.
Otros oprobios ocurren con menos visibilidad: poderes criminales que ya han ubicado los distritos electorales más relevantes para sus intereses —previsiblemente, aquellos donde se ubican los juzgados y tribunales federales en materia penal que más tramitan causas por delitos relacionados con la delincuencia organizada—; poderes empresariales con especial interés en cargos relacionados con materias asociadas a su actividad económica —telecomunicaciones, por ejemplo—; gobernadores y gobernadoras que aprovecharán las elecciones locales para terminar de controlar a sus poderes judiciales estatales.
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