El miércoles 23 de abril, posterior a un proceso “fast-track” de dictaminación a puerta cerrada por parte de la Cámara de Diputados, el Senado de la República recibió de la Secretaría de Gobernación, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La propuesta buscaba ser aprobada en el actual periodo de sesiones, prescindiendo de ejercicios de parlamento abierto y un análisis a profundidad de los posibles impactos que la iniciativa tendría frente al ejercicio de derechos humanos, afectando de manera desproporcionada a comunidades en situación de vulnerabilidad y exclusión.
Tras diversas expresiones de preocupación y rechazo por parte de la población -debido al proceso legislativo y al contenido de la ley-, el Senado ha decidido aplazar la votación que tenía prevista para el lunes 28 de abril, por lo que el dictamen ha sido retirado del orden del día y no se realizará su votación durante dicha sesión.
Esta versión de la iniciativa parte de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, con la cual se extingue al Instituto Federal de Telecomunicaciones y se trasladan facultades a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (en adelante, “la Agencia”). La falta de autonomía e independencia de la autoridad, perteneciente el Poder Ejecutivo, sumada a una redacción ambigua y poco clara de la Ley, establecería un nuevo régimen de control gubernamental del ejecutivo sobre la asignación del espectro, concesiones y supervisión, generando riesgos de censura y preferencia hacia actores afines.
Las observaciones aquí planteadas se elaboraron sobre las bases de la legislación que resultan contrarias a los derechos humanos.
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