Organizaciones de derechos humanos condenaron la inminente decisión de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) de cerrar la investigación por tortura cometida a Diego, persona indígena ñuhú de la sierra norte de Veracruz. Esta acción refuerza el patrón de impunidad que prevalece en el estado frente a denuncias graves de violaciones a derechos humanos.
El 29 de mayo de 2023, Diego, hombre otomí, fue testigo del homicidio de una persona. Al día siguiente, fue trasladado por la Fiscalía del Estado para declarar, pero antes fue torturado por policías ministeriales, quienes lo presionaron para incriminar a una persona. Su testimonio fue tergiversado y redactado en español, sin respetar su idioma ñuhú y sin la posibilidad de dar su versión. Posteriormente, esa declaración fue usada para detener a alguien, pese a que Diego ha aclarado que nunca señaló a esa persona como responsable.
Con acompañamiento del Centro Prodh y el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Diego denunció formalmente la tortura en junio de 2023. La Fiscalía abrió la carpeta XAL/FIM/FEIDT/219/2023, pero no realizó diligencias durante meses, hasta que un amparo obligó a avanzar. Aún con elementos periciales y su testimonio ratificado, el 25 de marzo de 2025 se notificó el posible cierre del caso, ignorando pruebas relevantes.
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