Las cárceles mexicanas enfrentan una crisis humanitaria que se traduce en condiciones inhumanas para miles de personas privadas de la libertad. Informes recientes revelan situaciones alarmantes: hacinamiento extremo, violencia sistemática, deficiente atención médica y alimentación insuficiente. Estas condiciones vulneran derechos humanos y configuran escenarios propicios para la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca que estados como Tabasco presentan las peores evaluaciones, con un promedio estatal de 4.94 en una escala de 10. Particularmente, el Centro de Reinserción Social de Comalcalco obtuvo una calificación de 4.23, evidenciando la gravedad de la situación.
Frente a esta realidad, sorprende la aparente inacción de organismos clave como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) y la propia CNDH. Desde su creación en 2007 dentro de la CNDH, el Mecanismo ha sido el órgano responsable de supervisar de manera permanente y sistemática los lugares de privación de la libertad para prevenir la tortura. Su carácter especializado e independiente, consolidado en 2017 con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, reforzó su mandato de vigilancia y prevención. Sin embargo, su actividad reciente ha sido limitada y poco transparente: el último informe de supervisión data de 2023, lo que genera dudas sobre su eficacia y compromiso actual.
Lee el artículo de José Luis Gutiérrez Román y Cristopher Alexis Sánchez Islas de ASILEGAL en Animal Político.
