Se ha presentado ya la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (LGMDFP) que, junto con una serie de reformas a la Ley General de Población, constituye la respuesta legislativa del Gobierno Federal frente a la sacudida a la conciencia nacional que ha significado el caso Teuchitlán.
Pero la iniciativa presentada es insuficiente: parte de un diagnóstico errado y con ello articula medidas que se quedan cortas frente a la magnitud de la crisis.
Respecto del diagnóstico, el punto de partida es lamentable. En la exposición de motivos, se dice: “En México, en el pasado, durante la guerra sucia, la desaparición forzada era perpetrada por agentes del Estado, en la actualidad la comisión de este delito ha mutado y ahora la desaparición está vinculada con la delincuencia organizada y es cometida por particulares”.
