En el contexto de la cuarta revisión del Estado mexicano ante el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) y el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Racismo MX y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) elaboramos un informe sombra sobre la xenofobia y el racismo hacia las personas en movilidad, con el objetivo de señalar los retrocesos en el cumplimiento de la Convención para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Desde la sociedad civil hemos denunciado que, con el fin de castigar la migración irregular, el gobierno mexicano ha implementado medidas restrictivas de contención migratoria y de gobernanza fronteriza, enfocadas en la seguridad y la militarización, alterando la percepción de la sociedad mexicana sobre la gestión de la movilidad humana, promoviendo un enfoque punitivo y criminalizante.
Según una encuesta realizada por el diario Reforma y The Washington Post en 2019, el 51% de la población mexicana encuestada apoyaba el uso de la Guardia Nacional para contener la migración irregular. Mientras que datos del ACNUR de 2024 señalan que el 13% de las personas encuestadas considera que la respuesta del gobierno ante la migración debería ser cerrar la frontera sur y expulsar a las personas en movilidad del país. Las narrativas gubernamentales que asocian falsamente a las personas en movilidad con amenazas a la seguridad contribuyen a mayor discriminación, xenofobia y violencia.
Lee el texto de Dinorah Arceta en Cimac noticias.
